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Corte Suprema de EE.UU. toma el caso de una consejera cristiana a la que se le prohibió ayudar a sus clientes a encontrar la identidad divina

El caso de Kaley Chiles desafía la ley de Colorado que prohíbe la "terapia de conversión" y podría tener implicaciones significativas para la libertad religiosa y de expresión

La Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) ha aceptado revisar el caso de Kaley Chiles, una consejera cristiana de Colorado a quien se le prohibió brindar terapia a menores que buscan alinear su identidad de género y sexualidad con sus creencias religiosas. Este caso, presentado por Alliance Defending Freedom (ADF), un grupo legal sin fines de lucro, podría tener repercusiones importantes para la libertad de expresión y la libertad religiosa en el país.

El conflicto legal
En noviembre de 2023, la ADF presentó una petición ante la Corte Suprema después de que el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito confirmara la Ley de Terapia de Conversión para Menores de Colorado. Esta ley prohíbe a los profesionales de la salud mental ofrecer "terapia de conversión" a clientes menores de edad, definida como cualquier intento de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

Chiles, una consejera licenciada, argumenta que la ley viola sus derechos bajo la Primera Enmienda, específicamente las cláusulas de libertad de expresión y libre ejercicio de la religión. Muchos de sus clientes buscan su orientación porque comparten su cosmovisión cristiana y desean alinear sus vidas con las enseñanzas de su fe.

“Estos clientes creen que sus vidas serán más plenas si se alinean con las enseñanzas de su fe”, explicó la ADF en un comunicado. “Sin embargo, la ley de Colorado le impide a Chiles decir las palabras que sus clientes quieren escuchar porque al gobierno no le gusta la opinión que expresa”.

Implicaciones de la ley
La ley de Colorado no solo prohíbe a los consejeros alentar a los clientes a aceptar su sexo biológico, sino que también permite conversaciones que promueven una identidad de género diferente. Esto ha generado preocupación entre los profesionales de la salud mental, quienes temen brindar apoyo a jóvenes que luchan con su identidad de género.

“Estas restricciones han generado temor entre el personal clínico a brindar apoyo profesional a los jóvenes”, señala la petición de la ADF. “Como resultado, quienes han adoptado una identidad transgénero pero ahora se identifican con su sexo biológico se encuentran sin ningún tipo de terapia en gran parte de Estados Unidos”.

Posición del estado de Colorado
El fiscal general de Colorado, Philip J. Weiser, ha defendido la ley, argumentando que protege a los jóvenes de prácticas consideradas dañinas. “Los estados han regulado desde hace mucho tiempo las prácticas médicas para proteger a los pacientes de conductas profesionales perjudiciales”, declaró. “La ley de Colorado que protege a los jóvenes de las prácticas de terapia de conversión gay, crueles y sin fundamento científico, es humana, inteligente y apropiada”.

Sin embargo, la ADF y Chiles sostienen que la ley censura conversaciones privadas entre consejeros y clientes, impidiendo que los jóvenes reciban el apoyo que desean basado en sus creencias religiosas.

Un debate nacional
Este caso se enmarca en un intenso debate nacional sobre cómo abordar la disforia de género y la orientación sexual en menores. En 2023, la Corte Suprema se negó a escuchar un caso similar relacionado con una ley de terapia de conversión en el estado de Washington, una decisión que generó desacuerdos entre los jueces Clarence ThomasSamuel A. Alito Jr. y Brett Kavanaugh.

Thomas escribió en ese momento: “Existe un intenso debate sobre cuál es la mejor manera de ayudar a los menores con disforia de género”.

Recientemente, la Corte Suprema escuchó argumentos en un caso de Tennessee sobre si la prohibición estatal de procedimientos transgénero experimentales en menores viola la Constitución. Aún no se ha emitido una decisión en ese caso.

Próximos pasos
Se espera que la Corte Suprema escuche el caso de Chiles durante su próximo mandato, que comienza en octubre. Este caso podría sentar un precedente importante sobre los límites de la regulación estatal en relación con la libertad de expresión y la libertad religiosa en el ámbito de la salud mental.

Fuente: nuevas temporadas

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